LA JUSTICIA EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES (PER JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO)
Publiquem a continuació un article de José María Fernández Seijo, Magistrat titular del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre “La Justícia als programes electorals“. Aquest article formarà part del proper número de La Revista de l’ACJD, la publicació del qual està previst per al mes de gener, però atès que tracta de les eleccions que se celebraran aquest diumenge, publiquem el seu contingut íntegre com un avanç del tercer número de la nostra revista.
LA JUSTICIA EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES
Casi nadie lee los programas electorales que los partidos políticos presentan a las elecciones, probablemente ni siquiera los lean los propios candidatos. Los programas han dejado de ser el “contrato” que los candidatos proponen a la ciudadanía que les ha de votar, han dejado de ser el conjunto de obligaciones o compromisos que deberán cumplirse a lo largo de la legislatura, y se convierten en un trámite más, en otro elemento de la rutina electoral. Hoy por hoy son más importantes los minutos de audiencia que pueden conseguirse en radio o televisión que los programas electorales. Ante la permanente devaluación de los programas electorales algunas organizaciones no gubernamentales se han embarcado en la tarea de comparar y evaluar los programas – http://poletika.org/es/ -, aunque, para frustración de la comunidad jurídica, la justicia no está entre los parámetros de comparación.
No es sencillo localizar las propuestas en materia de justicia de los partidos políticos, las webs de los partidos incluyen documentos con centenares de páginas en los que apenas hay un epígrafe dedicado a la justicia, sólo en la prensa especializada aparece alguna reseña a las iniciativas y compromisos – http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2015/12/02/565f420422601d7e708b4668.html -.
Pese a la monótona y rutinaria alusión que los programas realizan a cuestiones tales como la modernización de los juzgados y tribunales, la necesidad de mejorar los instrumentos de defensa a las personas más desfavorecidas, la necesidad de despolitizar algunas instancias judiciales, lo cierto es que durante la campaña electoral la justicia aparece cuando se deben abordar problemas de corrupción puesto que los problemas de corrupción generan procedimientos judiciales de compleja tramitación, llenos de obstáculos y presiones, procedimientos de tramitación farragosa, afectados por dilaciones e incidencias que determinan que en pocas ocasiones puedan enjuiciarse de modo razonable en un tiempo razonable.
El debate sobre la corrupción es un ejemplo claro de la trascendencia que tiene la justicia en la vida política pese a que como materia específica vertebre ningún discurso electoral.
La lectura de los programas electorales de todos los partidos políticos es un ejercicio que genera una profunda melancolía que puede conducir irremisiblemente a la depresión. Todos los partidos, sin excepción alguna, aprovechan el capítulo dedicado a la justicia para realizar un ejercicio de monotonía plagado de lugares comunes – despolitización, modernización, reformas de leyes capitales, derogación de otras aprobadas por gobiernos de signo contrario -. Las propuestas de justicia se contentan con reproducir lugares y frases comunes, llenar páginas huecas a base de obviedades manejadas desde hace décadas como si fuera un mantra – la dichosa modernización aparece ya en programas de la década de los ochenta del siglo pasado, la despolitización también es un clásico electoral -. El problema es que esas frases estandarizadas no suelen ir acompañadas de ninguna propuesta concreta, ningún partido explica de qué modo conseguirá que se agilice la administración de justicia o de qué modo se evitará la influencia política en la designación de las altas instancias judiciales.
En los programas electorales preparados para la convocatoria del 20 de diciembre los partidos tradicionales se han dedicado a realizar corta y pega de programas anteriores y los partidos de nuevo cuño en el marasmo de lugares comunes empleados incluyen algunas ocurrencias que no explican cómo se van a poder ejecutar, por ejemplo, Ciudadanos aboga por eliminar el Consejo General del Poder Judicial y sustituirlo por un modelo presidencialista en el que el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo dispondría de un departamento de gestión de su tarea; Podemos defiende la elección directa por los vocales del poder judicial.
La justicia no es una prioridad para ningún partido, la despachan más como si fuera un problema a punto de estallar en las manos del partido que gobierno, no se habla de listas de esperas – propias de la sanidad – aunque haya juzgados que señalen juicios a dos años vista; no se aborda de calidad, excelencia o formación continuada – propias de la educación – aunque haya resoluciones judiciales carentes de motivación y desvinculadas de los casos concretos, no se cuestiona la falta de efectivos – propia de sectores de la administración como la Agencia Tributaria o los servicios sociales – pese a que España sea de los países de Europa con una ratio más baja de número de jueces sobre 100.000 habitantes -, no se habla de falta medios o de infraestructuras – propia del ámbito de fomento -, pese a que sigue habiendo juzgados y tribunales alojados en locales provisionales y semiclandestinos, dispersos sin criterio en pequeñas y grandes ciudades.
Es una pena que en una campaña electoral marcada por el propósito de abordar la regeneración democrática del país, en la que se habla de la necesidad de establecer un nuevo pacto de convivencia que permita incluso la reforma de la Constitución, se olvide de la trascendencia que la justicia tiene en este proceso de regeneración y de nueva “transición”. No debe olvidarse que la exigencia de recuperación de derechos sociales perdidos durante estos años de recortes pasa necesariamente por disponer de juzgados y tribunales que permitan a los ciudadanos articular sus reivindicaciones. Los trabajadores han visto mermados sus derechos y expectativas tras las reformas de 2012, se habla de la posible derogación de estas reformas, sin embargo ningún partido advierte que la mayor parte de los juzgados de lo social demoran la celebración de juicios durante más de un año y que una parte importante de las sentencias laborales no se pueden ejecutar. De nada sirve una contrarreforma laboral que reequilibre la balanza si no hay una modificación sustancial de la planta de los juzgados de lo social que permita que los conflictos laborales se puedan resolver en pocas semanas.
Se plantean propuestas interesantes en materia de dependencia, también en materia de violencia de género. Estas propuestas de claro contenido social no van acompañadas de medidas concretas que permitan desatascar los juzgados de lo contencioso-administrativo que debieran fiscalizar los incumplimientos en materia de dependencia por parte de las administraciones, también quedan pendientes de desarrollo medidas concretas para que los juzgados de violencia puedan evitar muchas agresiones.
Surgen en los debates referencias constantes a la tutela de los consumidores y a la necesidad de abordar una política de vivienda que evite abusos y genere riesgos de exclusión social, sin embargo se olvida que no hay en España un código de consumo adaptado a las exigencias de la Unión Europea y que los procedimientos judiciales sobre ejecuciones hipotecarias y arrendamientos no son adecuados a los estándares de protección que fija el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cualquier propuesta en materia de fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos debe ir acompañada necesariamente de una nueva configuración de la justicia gratuita y del acceso de las personas más desfavorecidas a una asistencia jurídica de calidad.
No se trata sólo de dotar a la justicia de más medios, sino también de nuevas ideas y de nuevos modelos de gestión. Casi todo está por hacer.
José María Fernández Seijo
Magistrado
