EUROVEGAS Y ANTIFRAUDE
Article de José Mª Mena, expresident de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates i ex Fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb motiu de les sorprenents declaracions del Cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre el projecte d’Eurovegas.
El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, antes de ese cargo era magistrado. Era un magistrado conservador. Los magistrados conservadores generalmente están callados, y no se comprometen. Conservan. Este exmagistrado se ha puesto a hablar, eso sí, diciendo que lo hace a título personal.
Ha hablado del proyecto de construcción de un gran complejo urbanístico dedicado al juego. Casinos, ruletas, y hoteles y todo lo que acompaña a estas instalaciones. El magnate norteamericano Sheldon Adelson pretende levantar un “Las Vegas” en el centro de la principal zona agrícola próxima a Barcelona. Pretende que se le permita una situación de excepcionalidad jurídica, tributaria, laboral, administrativa y de seguridad. El gobierno de Cataluña pretende apoyar la pretensión. La polémica cívica es intensa. La presunción razonable de que ese apoyo pudiera esconder intereses particulares de los “apoyadores” y su entorno, no es desechable.
El director de Antifraude fue preguntado por los periodistas sobre esta dimensión preocupante, que afecta a su actual función. Su respuesta es significativa. Y no desvanece la preocupación.
Ha dicho que no ha hecho un estudio del asunto. Con esto bastaría para que, como buen magistrado conservador, hubiera concluido su respuesta, con un prudente silencio. Pero siguió hablando.
Pese a no haber estudiado el asunto, ha reconocido que habrá especulación “sólo al principio”. Naturalmente, hasta que acaben con el terreno agrícola que ambicionan. También ha dicho que el proyecto creará muchos puestos de trabajo, y, a diferencia de otros augures de esta maravilla, ha concretado que será en trabajos de “limpieza y alimentación”. Sin comentarios.
Y, todavía hablando de puestos de trabajo, ha dicho que cómo los visitantes serán gente “con capacidad económica alta”, no querrán ver prostitución en la calle. En inimaginable que este señor, que ha sido magistrado penal en Barcelona durante muchos años, no sepa que los ricos también van de putas, y que hay locales ad hoc, proverbialmente criminógenos.
Si la súbita locuacidad del exmagistrado es producto de una imprudente irreflexión, o consecuencia de compromisos, reconocimientos o perspectivas personales, el tiempo lo dirá.
Hoy, es muy difícil entender la razón por la que el director de la Oficina Antifraude ha tenido que hablar de lo que reconoce que no ha estudiado, para exhibirse como carente de imparcialidad en asuntos que podrían ocupar su actividad profesional tan pronto como empiece la especulación inmobiliaria que él mismo augura.
Con estas declaraciones, que, lo quiera o no, son más que a título personal, compromete seriamente a la Oficina. Compromete al proyecto inicial que la impulsó, pese a las resistencias políticas que procuraron boicotearla, y después limitarla. Compromete a las personas que trabajan en esa Oficina, cuya profesionalidad, objetividad y dedicación es conocida. Compromete, en fin, a los ciudadanos de Cataluña que esperábamos disponer de una institución para el control de la ética de las Administraciones, eficiente e imparcial.
El director de la Oficina Antifraude debió estarse calladito. Pero no lo hizo. El cántaro ya está roto, sin remedio. Ahora hace falta otro. O cambiamos de director, o que cierren la Oficina, porque esta, así, no es la que se imaginó en su proyecto inicial, y que seguimos necesitando.
José María Mena
